Alexei Guerra Sotillo
La crisis financiera mundial, aun en pleno desarrollo, regocija las almas de quienes critican al modelo de economía capitalista, pero lamentablemente ha generado entre sus creyentes, escasas opiniones en torno no sólo a su indudable vigencia, y a los retos, posibilidades y limitantes como paradigma social, cultural y económico. La empresa, entendida como la unidad de producción, emprendimiento y organización fundamental en el plano económico y productivo, sufre también los embates de esta coyuntura, aunque su replanteamiento conceptual, práctico y filosófico tiene desde hace algún tiempo en la globalización, la competitividad, los fraudes corporativos y diversas demandas sociales, válidas razones y motivos.
En los albores de la “revolución” liderada por el actual presidente, y a propósito de los cambios políticos e institucionales generados a partir de la Constitución de 1999, se abrieron múltiples expectativas por el impulso y promoción que, en ese nuevo marco institucional, se le quería imprimir a la denominada economía social, a las microempresas y al sector cooperativo.
Próximos a cumplirse 10 años del cambio constitucional, el balance pareciera no ser tan alentador para el mundo microempresarial y cooperativo, pese a la cantidad de recursos invertidos, y absolutamente negativo para el sector de las empresas privadas. 260.000 cooperativas legalizadas entre 2001 y 2008, reflejan un aparente “boom”, al que hay que mirar con lupa crítica, para descartar las que fueron creadas solo para encubrir prácticas abiertamente mercantiles, de flexibilización laboral, oportunismo “bolivariano” o para acceder a las abundantes fuentes de financiamiento estatal con escasos controles.
En el plano de la industria privada, de las 11.117 empresas existentes en 1998, solo quedan hoy 7.102, es decir, una caída del 38% que equivale a 4.015 empresas cerradas. ¡Uh-Ah, muerte a la empresa ya!
En la obcecación que significa la construcción del “socialismo del siglo XXI”, está claro que, pese a los intentos de disimulo, desmentidos nerviosos y contradicciones entre funcionarios declarantes, no hay lugar para la empresa privada, ni mucho menos para los supuestos sistémicos y conceptuales en los que ella descansa: respeto a la propiedad privada, reglas de juego claras, garantías jurídicas e incentivos claros para la inversión y la creación de empleo.
Al carácter rentístico tradicional de la economía venezolana, se suma ahora una estatización creciente, un exacerbado y paradójico Capitalismo de Estado (en pleno barullo socialistoide), un creciente torniquete cambiario, y un cerco de organismos estatales que materializan, en la práctica, la intención de suprimir a la empresa privada, y especialmente a las grandes corporaciones.
Por ello, no causa sorpresa el último estudio del Banco Mundial, “Doing Business” (Haciendo Negocios), en el cual Venezuela ocupa el lugar 174 de 181 países, en la lista de los que ponen más obstáculos para abrir una empresa. Este ranking anual, preparado por los técnicos del organismo multilateral, intenta determinar aquellos países del mundo que facilitan la inversión privada y cuáles le ponen obstáculos. Pero no seamos tan pesimistas, ni tan alarmistas, que no todo es tan malo. Aunque Haití, la nación más pobre del mundo, este 20 puestos arriba de nosotros, estamos “aún” por encima de Chad, Santo Tome y Príncipe, Burundi, Congo, Guinea Bissau, República Centro Africana y República Democrática del Congo. Tampoco debe preocuparnos lo que dice la Comisión Económica para América Latina (CEPAL): la inversión extranjera directa en Venezuela ha caído 58,2% desde 2003, a diferencia de todos los países latinoamericanos, donde esta se ha incrementado.
Al menos los hermanos bolivianos, nicaragüenses, ecuatorianos, cubanos y argentinos suspiran aliviados, ya que dicha situación no ha impedido la “generosa” y permanente “solidaridad” del gobierno venezolano, para con dichas naciones. La historia, las cifras y los hechos demuestran que ningún país ha logrado establecer un modelo de crecimiento económico exitoso, sustentado exclusivamente en el apoyo a las pequeñas empresas y a cooperativas, mucho menos si ese apoyo se supedita solo a relaciones clientelares-electorales, y si hace desvinculado de alianzas y asociaciones con medianas y grandes empresas.
En el absurdo discurso contra la libre empresa y el sector privado, detrás de la referencia a la defensa del pueblo, de la lucha contra la especulación y la usura o el acaparamiento, se esconde no sólo la ausencia de un supuesto modelo socialista alternativo, sino una estrategia sistematica de eliminación de la propiedad privada y la estigmatización de su papel en la economía en la cual, la regulación creciente de precios, y el control de su funcionamiento, amén de las invasiones y expropiaciones caprichosas, son solo una muestra. Como se extrae del referido estudio del BM, aun con la crisis de la que se acusa a la economía de mercado, las cifras demuestran que los montos elevados por concepto de inversión extranjera directa los captan aquellos países con mayor apertura hacia el capital privado nacional y foráneo.
El nuevo capricho presidencial, la enmienda para la reelección continua, evidencia además de un talante autoritario, su exclusivo interés por el tema político (o el tema del poder, mejor dicho), y su desprecio por el tema económico, y claro está, el hecho de que sea esta, una revolución anti-empresa.
http://analitica.com/va/economia/opinion/3822727.asp
La crisis financiera mundial, aun en pleno desarrollo, regocija las almas de quienes critican al modelo de economía capitalista, pero lamentablemente ha generado entre sus creyentes, escasas opiniones en torno no sólo a su indudable vigencia, y a los retos, posibilidades y limitantes como paradigma social, cultural y económico. La empresa, entendida como la unidad de producción, emprendimiento y organización fundamental en el plano económico y productivo, sufre también los embates de esta coyuntura, aunque su replanteamiento conceptual, práctico y filosófico tiene desde hace algún tiempo en la globalización, la competitividad, los fraudes corporativos y diversas demandas sociales, válidas razones y motivos.
En los albores de la “revolución” liderada por el actual presidente, y a propósito de los cambios políticos e institucionales generados a partir de la Constitución de 1999, se abrieron múltiples expectativas por el impulso y promoción que, en ese nuevo marco institucional, se le quería imprimir a la denominada economía social, a las microempresas y al sector cooperativo.
Próximos a cumplirse 10 años del cambio constitucional, el balance pareciera no ser tan alentador para el mundo microempresarial y cooperativo, pese a la cantidad de recursos invertidos, y absolutamente negativo para el sector de las empresas privadas. 260.000 cooperativas legalizadas entre 2001 y 2008, reflejan un aparente “boom”, al que hay que mirar con lupa crítica, para descartar las que fueron creadas solo para encubrir prácticas abiertamente mercantiles, de flexibilización laboral, oportunismo “bolivariano” o para acceder a las abundantes fuentes de financiamiento estatal con escasos controles.
En el plano de la industria privada, de las 11.117 empresas existentes en 1998, solo quedan hoy 7.102, es decir, una caída del 38% que equivale a 4.015 empresas cerradas. ¡Uh-Ah, muerte a la empresa ya!
En la obcecación que significa la construcción del “socialismo del siglo XXI”, está claro que, pese a los intentos de disimulo, desmentidos nerviosos y contradicciones entre funcionarios declarantes, no hay lugar para la empresa privada, ni mucho menos para los supuestos sistémicos y conceptuales en los que ella descansa: respeto a la propiedad privada, reglas de juego claras, garantías jurídicas e incentivos claros para la inversión y la creación de empleo.
Al carácter rentístico tradicional de la economía venezolana, se suma ahora una estatización creciente, un exacerbado y paradójico Capitalismo de Estado (en pleno barullo socialistoide), un creciente torniquete cambiario, y un cerco de organismos estatales que materializan, en la práctica, la intención de suprimir a la empresa privada, y especialmente a las grandes corporaciones.
Por ello, no causa sorpresa el último estudio del Banco Mundial, “Doing Business” (Haciendo Negocios), en el cual Venezuela ocupa el lugar 174 de 181 países, en la lista de los que ponen más obstáculos para abrir una empresa. Este ranking anual, preparado por los técnicos del organismo multilateral, intenta determinar aquellos países del mundo que facilitan la inversión privada y cuáles le ponen obstáculos. Pero no seamos tan pesimistas, ni tan alarmistas, que no todo es tan malo. Aunque Haití, la nación más pobre del mundo, este 20 puestos arriba de nosotros, estamos “aún” por encima de Chad, Santo Tome y Príncipe, Burundi, Congo, Guinea Bissau, República Centro Africana y República Democrática del Congo. Tampoco debe preocuparnos lo que dice la Comisión Económica para América Latina (CEPAL): la inversión extranjera directa en Venezuela ha caído 58,2% desde 2003, a diferencia de todos los países latinoamericanos, donde esta se ha incrementado.
Al menos los hermanos bolivianos, nicaragüenses, ecuatorianos, cubanos y argentinos suspiran aliviados, ya que dicha situación no ha impedido la “generosa” y permanente “solidaridad” del gobierno venezolano, para con dichas naciones. La historia, las cifras y los hechos demuestran que ningún país ha logrado establecer un modelo de crecimiento económico exitoso, sustentado exclusivamente en el apoyo a las pequeñas empresas y a cooperativas, mucho menos si ese apoyo se supedita solo a relaciones clientelares-electorales, y si hace desvinculado de alianzas y asociaciones con medianas y grandes empresas.
En el absurdo discurso contra la libre empresa y el sector privado, detrás de la referencia a la defensa del pueblo, de la lucha contra la especulación y la usura o el acaparamiento, se esconde no sólo la ausencia de un supuesto modelo socialista alternativo, sino una estrategia sistematica de eliminación de la propiedad privada y la estigmatización de su papel en la economía en la cual, la regulación creciente de precios, y el control de su funcionamiento, amén de las invasiones y expropiaciones caprichosas, son solo una muestra. Como se extrae del referido estudio del BM, aun con la crisis de la que se acusa a la economía de mercado, las cifras demuestran que los montos elevados por concepto de inversión extranjera directa los captan aquellos países con mayor apertura hacia el capital privado nacional y foráneo.
El nuevo capricho presidencial, la enmienda para la reelección continua, evidencia además de un talante autoritario, su exclusivo interés por el tema político (o el tema del poder, mejor dicho), y su desprecio por el tema económico, y claro está, el hecho de que sea esta, una revolución anti-empresa.
http://analitica.com/va/economia/opinion/3822727.asp
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